Hay esperanza y de nosotros depende frenar esta locura y conseguir, en el peor de los casos, un reconocimiento y desarrollo completo de la especialidad de los cuidados paliativos en España, como exigen todas las sociedades sanitarias y científicas especializadas para evitar el fracaso social hacia el que el Gobierno del supuesto «reto demográfico» nos quiere abocar.
El Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM), el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), denunciamos la indefensión para los profesionales sanitarios y el riesgo para la población que supone la ley de eutanasia y queremos poner de manifiesto la grave preocupación que estos profesionales tienen ante el proyecto de ley de eutanasia.
«Lo único que puedo decir ante el caso de Antonio, además de la gran alegría que fue que se recuperara, es que ningún ser humano tiende a la muerte. Eso es así, y los que nos dedicamos a esto, lo sabemos. La gente, al límite de sus fuerzas, inconsciente, desahuciada por la imposibilidad de sacarla adelante, al menos por parte de la ciencia, lucha y sigue luchando cada por cada aliento de vida. Nadie quiere morir». ¿Qué hubiera pasado si el caso de Antonio se hubiera producido con la ley de la eutanasia ya aprobada? Posiblemente hoy no podría contarlo.
El Consejo General de Colegios de Médicos de España (Cgcom) ha emitido un comunicado en el que rechazan la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia ya que supone que provocar la muerte a un paciente esté avalado por ley como un “acto médico”, algo que es “contrario a nuestro Código de Deontología Médica y contradice los posicionamientos de la Asociación Médica Mundial (AMM)“, afirman en un comunicado.
Así imponen los «progres» y los liberales sus normas: Chantajeando a todo el que no esté de acuerdo mediante amenazas a sus modos de subsistencia. Ya lo hemos visto en Canadá, donde amenazan a las residencias cristianas que se niegan a «ofrecer» la Eutanasia a sus pacientes con quitarles los fondos públicos y, por tanto, abocarlas al cierre.
