El recién reelegido presidente de Portugal con un 60% de los votos, Marcelo Rebelo de Sousa, ha puesto en duda el encaje de la Ley de Eutanasia, que aprobó el parlamento luso, en la Constitución. El mandatario ha remitido la norma al Tribunal Constitucional. Rebelo tiene, además, la potestad de vetarla.

La máxima autoridad del país vecino, como catedrático de Derecho Constitucional, ha criticado por escrito que la norma aprobada «está redactada de forma vaga y llena de conceptos indeterminados e indefinidos». Algo demasiado común y nada casual en todos los textos presentados en los países donde se pretende aprobar, como han ido denunciando las organizaciones médicas.

«El artículo 2 recurre a conceptos excesivamente indeterminados en la definición de los requisitos para permitir la despenalización de la muerte médicamente asistida», escribe el presidente luso en la carta dirigida al presidente del Tribunal Constitucional portugués, João Caupers, publicada en la página oficial de la Presidencia de la República.

Redacción vaga e indefinida

El presidente denuncia que «al Parlamento portugués le competía haber especificado en su redacción con más detalle los requisitos en los que se podrá realizar la eutanasia sin ser penalizado por ello». Por el contrario, con la redacción actual, » se crea una situación de inseguridad jurídica que habría que evitar en una materia tan sensible».

Rebelo de Sousa señala que, según se desprende del texto, la ley «permitirá la eutanasia cuando así lo decida una persona mayor de edad por voluntad propia y en situación de sufrimiento intolerable», lo que, tal como está escrito, considera inconstitucional.

Es la segunda vez que el presidente portugués remite una ley al Constitucional desde que asumió la jefatura de Estado, en 2016. La primera vez fue en 2019, cuando pidió que revisase las alteraciones a la ley sobre la procreación médicamente asistida y la gestación subrogada. El tribunal declaró inconstitucionales algunos puntos y el presidente terminó vetando esa ley.