El 25 de febrero, tras once años de servicio, el Irene Thomas Hospice, que proporciona cuidados paliativos a los enfermos de mayor gravedad en Canadá, se verá obligado a cerrar y a despedir a todos sus empleados porque no quiere matar a sus pacientes con la eutanasia. Es la increíble conclusión de una larga batalla legal que llevará a la Fraser Health Authority (Fha), uno de los cinco entes que gestiona la sanidad pública en la provincia de British Columbia, a cerrar el centro de la Delta Hospice Society (Dhs), activa desde hace treinta años, y a expropiar el edificio.