Tres expertos en Derechos Humanos de la ONU han firmado una declaración en la que subrayan que la discapacidad «nunca puede ser base o justificación para poner fin a la vida de nadie, sea de manera directa o indirecta».
El documento ha sido publicado por la oficina del Alto Comisionado de Derechos humanos de la organización supranacional. En el texto se recuerda que existe un claro consenso en que “para personas pertenecientes a cualquier otro grupo protegido, sea una minoría racial, sexual o de género, una decisión bien razonada para acabar con sus vidas jamás podría ser que experimentan sufrimiento a causa de su estatus”.
Los expertos son Gerard Quinn, Relator Especial para los derechos de las personas con discapacidad; Olivier De Schutter, Relator Especial para la extrema pobreza, y Claudia Mahler, experta independiente para el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas mayores. Los tres expresaron su alarma por la creciente tendencia a poner en vigor leyes que dan luz verde a procedimientos de muerte asistida sobre la base de padecer condiciones de discapacidad.
Discapacidad, riesgo de eutanasia
Los firmantes denuncian el creciente «capacitatismo» –discriminación de quien padece alguna discapacidad– que impregna muchas nuevas normas legislativas. Esto no sólo quebranta el artículo 10 de la Convención de la ONU sobre estas personas, sino que, al eliminar el requisito de aplicarse exclusivamente a enfermos terminales, las expone especialmente a la eutanasia.
Tales asunciones y estereotipos, afirman, cuentan con el rechazo de la ONU, toda vez que la discapacidad, lejos de ser un déficit de la persona, constituye un aspecto universal de la condición humana. “Bajo ninguna circunstancia –aseguran los autores– una ley debe contemplar, para una persona con discapacidad que no esté muriendo, que acabar con su vida, con apoyo del Estado, pueda ser una decisión bien razonada”.
La Ley que se está tramitando en España es una de estas normas señaladas por los expertos. En ella, no se recoge en ningún momento el requisito de que el solicitante -o un autorizado- sea un enfermo terminal. Basta con alegar «sufrimiento -también psíquico- insoportable» para que pueda ser candidato a que se le aplique la eutanasia.
