Dice el refrán que «a buen entendedor, pocas palabras bastan». No es normal que en los discursos de la casa real por Navidad se haga una alusión expresa a la «dignidad del ser humano». Y es que España se encuentra ahora mismo en una encrucijada donde la dignidad de las personas puede quedar oficialmente determinada no por su condición de ser humano, sino por sus circunstancias.

Ya ocurrió con la Ley de despenalización del Aborto de los años 80 que, tan tristemente a posteriori los socialistas Zapatero y Aído convirtieron en «derecho» y que de forma absolutamente incomprensible, el Tribunal Constitucional, tras 10 años de «deliberaciones», sigue sin pronunciarse sobre ello, pues es una Ley que impide el derecho a la vida de casi 100.000 españoles cada año y les condiciona ese derecho y su dignidad en función de las condiciones propias y de sus padres.

Ahora, la Ley de Eutanasia pueda dar el «rejón de muerte» a este principio ético y moral, pilar básico de nuestra sociedad, porque con ella se apuntalaría el relativismo moral que la izquierda radical desea imponer. Un relativismo que establece que no todas las vidas son dignas de ser vividas, como ya formuló Hitler en su tristemente famoso programa Aktion-4, pionero de la Eutanasia en Europa en el Siglo XX. Un relativismo que establece el «derecho a la muerte», pese a ser algo que no contempla no solo ya nuestra constitución, sino ningún acuerdo o declaración internacional de derechos de los seres humanos. Para los que se hayan olvidado de él, y muy especialmente para todos los que conforman el Gobierno de la Muerte en España en 2020 y sus «socios» que han apoyado esta funesta Ley, les volvemos a recordar lo que establece nuestra Constitución, para que así entiendan por donde vendrá la primera de nuestras intervenciones en 2021, mediante el recurso al Tribunal Constitucional de dicha Ley, en cuanto sea publicada en el BOE.

Artículo 15 de la Constitución Española. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Desde nuestra plataforma solicitamos a su majestad Felipe VI, que si de verdad quiere dar un ejemplo de ética y moral a la sociedad española, se niegue a sancionar esta Ley que no traerá sino dolor y muerte a nuestra sociedad.

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