Parafraseando el título de la célebre película, España ya no es, desde el 18 de marzo de 2021, país para viejos… ni personas con discapacidad. El Congreso de los Diputados aprobó finalmente una Ley de Eutanasia que pone en peligro las vidas de ambos grupos, ofreciéndoles como única alternativa la muerte en lugar de los cuidados paliativos.
Tras una tramitación en la sombra, en la que se ha ignorado a médicos, expertos en bioética, enfermeros, psicólogos, psiquiatras… en aras del sectarismo ideológico más vil. Se ha hurtado a la sociedad un debate fundamental, puesto que, una vez aprobada, la deriva de esta norma sólo puede ir a peor.
Con mensajes buenistas, de casos particulares, se extrapola a toda la sociedad la «necesidad de aprobar el derecho a morir». Un derecho inexistente, ya que sólo existe el derecho a vivir. Se esconde la información de los expertos en cuidados paliativos, de los que realmente están en esos momentos finales y de la garantía de poder eliminar su sufrimiento para que la única solución «digna» o «humana» sea en realidad la más indigna e inhumana de todas: la eliminación de una persona.
Recurso de Inconstitucionalidad
Los colegios de médicos, el consejo de enfermería, el colegio de psiquiatras, el Comité de Bioética… todos han denunciado la desprotección que la actual redacción de la ley crea para mayores y discapacitados. Incluso denuncian la deriva de los próximos años, en los que entre supuestos coladeros, como el dolor psíquico insoportable, harán que en menos de 10 años se aplique la eutanasia a personas que no lo hayan pedido.
A partir de este momento, desde la sociedad civil nos ponemos en marcha para derogar esta norma. La Asociación por la vida, la Dignidad y la Libertad ya nos hemos reunido con partidos políticos, y estamos preparando movilizaciones y acciones de distinto signo para concienciar a la ciudadanía.
Vox ha anunciado que, con sus 52 diputados, elevará un recurso de inconstitucionalidad (hacen falta 50). El Partido Popular, por su parte, no ha aclarado su postura oficial ni sus pasos a seguir, salvo casos particulares, como José Ignacio Echániz, o los senadores Antonio Román o Javier Puente.
Reacciones
El mismo día de la aprobación, el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) anunció un recurso ante el Defensor del Pueblo para que recurra la nueva norma ante el Tribunal Constitucional.
Para el «Se produce un señalamiento innecesario, que hace pensar que la eutanasia es una práctica o prestación particularmente conectada con determinadas personas con discapacidad, cuando debería ser estrictamente neutra sin consideraciones de este tipo, que suponen discriminación indirecta prohibida».
